El pleno de la Corte Suprema de Costa Rica suspendió por tres meses al fiscal general, Jorge Chavarria, en una investigación sobre tráfico de influencias para la importacion de cemento chino.
La decisión de los jueces, tomada la noche del viernes, pretende separar a Chavarría de su cargo mientras se investiga por qué el Ministerio Público (fiscalía) excluyó un informe clave de la policía judicial cuando la sala penal de la Corte Suprema desestimó un caso de tráfico de influencias contra dos diputados y un exlegislador, informó el Poder Judicial en un comunicado.
El informe reveló cómo los dos legisladores y el exdiputado realizaron cientos de llamadas telefónicas al empresario Juan Carlos Bolaños, eje del escándalo por la importación del cemento chino.
Bolaños ha sido señalado de ejercer presión política para obtener autorización para importar cemento de China y recibir créditos millonarios de bancos públicos sin las debidas garantías.
Su caso pone en entredicho al estatal Banco de Costa Rica (BCR), que otorgó una línea de créditos por 30 millones de dólares a la empresa Sinocem, de Bolaños, sin más garantía que el cemento que importaría.
La junta directiva del BCR fue suspendida este mes por su relación con Bolaños y por graves disputas entre sus miembros.
El caso cobró ribetes de escándalo en junio pasado con la filtración de un audio en el cual Bolaños proponía una maniobra legal con un alto funcionario del banco para evadir el pago de 20 millones de dólares del préstamo.
También desató denuncias de tráfico de influencias en el gobierno, que modificó un reglamento que restringía la importación de cemento al eliminar la exigencia de comercializarlo en un plazo máximo de 45 días desde su producción, lo que en la práctica impedía importar cemento chino.
El presidente Luis Guillermo Solís defendió la modificación del reglamento como una forma de aumentar la oferta de cemento en el país y eliminar el duopolio de las empresas Holcim y Cemex en el comercio del producto.